Se está explotando un vacío legal en el conflicto de alto riesgo entre activistas ambientales y compañías de energía, como lo revela el caso en curso entre Greenpeace y el gigante de los oleoductos Energy Transfer. Un grupo poco conocido, Grow America’s Infrastructure Now (GAIN), presentó un escrito legal instando a la Corte Suprema de Dakota del Norte a impedir que Greenpeace presente demandas contra Energy Transfer en otras jurisdicciones.
El respaldo de GAIN
GAIN, que se presenta como una organización sin fines de lucro que apoya proyectos de infraestructura, en realidad está fuertemente financiada por Energy Transfer. Los registros judiciales muestran que la empresa estaba proporcionando a GAIN aproximadamente 100.000 dólares mensuales para operar una coalición dirigida específicamente a los esfuerzos legales de Greenpeace. Este acuerdo, documentado por el grupo de vigilancia Fieldnotes, apunta a una coordinación deliberada entre GAIN y Energy Transfer.
El abuso de los escritos amicus
El caso destaca una tendencia creciente: el uso indebido de amicus curiae (presentaciones de amigos de la corte). Originalmente destinados a brindar perspectivas legales adicionales, estos escritos son cada vez más utilizados por las partes para eludir los procedimientos de litigio estándar. Según la profesora de derecho Renee Knake Jefferson, esto permite a una de las partes continuar defendiendo el tema bajo la apariencia de una aportación neutral.
Lo que está en juego y las consecuencias
La batalla legal surge de las protestas contra el oleoducto Dakota Access hace casi una década. Un jurado de Dakota del Norte responsabilizó a Greenpeace por 670 millones de dólares en daños y perjuicios, una sentencia que podría llevar a la organización a la quiebra en Estados Unidos. La intervención de GAIN busca impedir que Greenpeace impugne esta decisión en otros lugares.
Los representantes de GAIN y Energy Transfer declinaron hacer comentarios sobre su relación. El caso plantea preocupaciones sobre la transparencia de la influencia legal de terceros y la posibilidad de que las corporaciones manipulen los procedimientos judiciales mediante financiación oculta.
El uso desenfrenado de tales tácticas socava la integridad del sistema legal, permitiendo que intereses adinerados den forma a los resultados sin el escrutinio público.
